Posicionamiento Fundación Elche Acoge y Red Acoge sobre la acogida y reubicación de niñas, niños y adolescentes no acompañados migrantes y/o solicitantes de asilo
1. Los menores no acompañados migrantes y/o solicitantes de asilo son NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES que necesitan protección.
En el contexto actual es necesario aclarar lo evidente, los menores no acompañados migrantes son NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN SOLOS y necesitan que se garantice su protección y sus derechos.
Cuando hablamos de menores, la ley establece que un menor es cualquier persona menor de 18 años, independientemente de su procedencia.
Estos menores se han visto forzados a dejar sus hogares solos por las realidades extremadamente complejas en las que vivían en sus países: guerras, condiciones de exclusión, falta de acceso a servicios básicos y/o discriminación por diferentes motivos, violencia institucional, violencia intrafamiliar, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, etc.
Ante estas graves situaciones, estos menores se ven forzados a buscar protección en otro país. Sin embargo, la falta de vías seguras para hacerlo les obliga a iniciar rutas peligrosas en las que ponen en riesgo su vida y se enfrenta a múltiples amenazas, abusos o violencia, durante semanas, meses o años.
Además, cuando llegan al país de destino, afrontan múltiples dificultades relacionadas con la ausencia de referentes adultos, las condiciones de recepción y acogimiento, determinación de la edad, obtención del permiso de residencia y trabajo, acceso a la educación, falta de medios de vida y oportunidades laborales para salir adelante una vez que cumplen 18 años y el rechazo social o la discriminación.
2. Los niños y niñas son sujetos de derechos, también la infancia migrante.
Los niños, las niñas y adolescentes tienen derechos inherentes e inalienables que deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un Tratado Internacional de las Naciones Unidas adoptado el 20 de noviembre de 1989, que reconoce y protege los derechos de todas las personas menores de 18 años. En este tratado se establece que los niños y niñas son titulares de derechos inherentes que deben ser garantizados por los gobiernos, los padres y otros agentes. Estos derechos se basan en principios rectores como la no discriminación, el interés superior de la niñez, la supervivencia y desarrollo, y la participación infantil.
Los Estados tienen la obligación de promover, reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
España tiene la obligación jurídica de proteger a cada niño, niña y adolescente que se encuentre en su territorio, independientemente de cuál sea su situación migratoria o el modo en que haya entrado al mismo. El principio primordial de toda actuación de identificación, acogida, atención y protección de la infancia es el interés superior del menor, siendo su determinación la que debe guiar la toma de decisiones y la adopción de la solución duradera más apropiada para cada caso. (Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030)
Los sistemas de acogida y protección deben reforzarse en todos los niveles (estatal, autonómico y local) para garantizar la calidad y dignidad en la atención a todos los menores de manera individualizada.
El reparto de competencias administrativas y la disponibilidad de recursos económicos no puede ser la excusa o el obstáculo para no proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, la confrontación partidista que se da en el momento actual solo quebranta el interés superior de las y los menores y dificulta su adecuada protección.
3. Los discursos de odio y la criminalización de la infancia migrante no acompañada.
A pesar del consenso social y legislativo que presenta a la infancia como sujeto de protección independientemente de su origen, se ha consolidado una narrativa criminalizadora, discriminatoria y racista que ha provocado que estos niños se conviertan en moneda de cambio electoral y arma arrojadiza entre partidos y gobiernos.
La Memoria anual de monitorización del discurso de odio en redes sociales correspondiente a 2023, que realiza el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogía que la mayor parte de los discursos de odio tuvieron como objetivo a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, a quienes se deshumaniza y se presenta en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. En el 45,5% del discurso del que son objeto, se vincula a este colectivo con la inseguridad ciudadana y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en el 52% de los casos.
Estos discursos tienen fuertes consecuencias sociales promoviendo el racismo, la discriminación, el odio y la violencia.
Desde la Plataforma de Infancia se recuerda que incitar al odio y criminalizar a los niños y niñas migrantes vulnera la legalidad, no estamos ante un tema ideológico, sujeto a debate. No protegerlos supone incumplir nuestro ordenamiento jurídico, ya que la ley es clara: hay que proteger, acoger y facilitar la integración de todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación y con independencia de su situación administrativa.
4. El cierre de fronteras solo genera muerte y vulneración de derechos. Hay que habilitar vías legales y seguras.
Según el informe de Caminando Fronteras, en 2024 murieron 10.457 personas en las rutas marítimas de acceso a España (casi 30 personas al día), 9.757 personas (más del 90%) murieron en la ruta atlántica, tratando de llegar a las Islas Canarias, 1.538 eran niños, niñas y adolescentes
Estas cifras terribles se multiplican año a año como si de un fenómeno natural se tratara, como si no fueran consecuencia directa de las políticas migratorias de control y cierre de fronteras, que atentan contra el derecho a la vida y vulneran los derechos humanos. Sin embargo, se siguen sucediendo los llamamientos a reforzar el despliegue de la vigilancia marítima y fronteriza en las islas con el objetivo de impedir la llegada de embarcaciones y el Pacto Europeo de Migración y Asilo sigue su curso para consolidar esta deriva, mientras las actuales vías de entrada contempladas en la normativa de extranjería son muy limitadas y la política de visados muy restrictiva.
Es por ello por lo que, reiteramos, que la solución pasa por:
1.- Cumplir de forma efectiva con el ordenamiento jurídico nacional e internacional del que el Estado español es parte para garantizar los derechos de la infancia migrante
2.- Habilitar vías legales y seguras que pongan en el centro la protección de la vida y la dignidad de las personas
3.- Que se incorpore un enfoque de infancia en las políticas migratorias que garanticen el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes que se ven forzados a buscar protección en otro país.
