Reconocer derechos no garantiza poder ejercerlos. En ciudades como Elche, muchas mujeres migrantes siguen encontrando obstáculos administrativos que dificultan el acceso real a la salud, la educación o la atención psicosocial.
Angeles Rodes Lafuente. Psicóloga.
Área de Igualdad de la Fundación Elche Acoge
“Necesito ir al médico, pero… Sin tarjeta sanitaria, esa atención requiere un pago que no puedo asumir. Sin padrón, no puedo tener tarjeta sanitaria… Y para empadronarme me piden un dinero que no tengo… ¿qué opción me queda?” (S.C.C.).
Cada 18 de abril se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Migrante, una fecha que invita a recordar algo que a menudo pasa desapercibido: tener derechos reconocidos no significa necesariamente poder ejercerlos. Entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la vida cotidiana existe todavía una distancia que muchas personas migrantes conocen bien.
En municipios como Elche, donde la diversidad forma parte de la realidad social desde hace décadas, el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la atención psicosocial continúa dependiendo en gran medida de factores administrativos que no siempre tienen en cuenta las trayectorias migratorias ni las condiciones reales de vida de muchas familias.
El empadronamiento sigue siendo una puerta de entrada imprescindible para ejercer derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica no siempre resulta accesible. Desde la intervención social se detectan con frecuencia situaciones en las que se solicitan cantidades económicas desproporcionadas e ilegales a cambio de facilitar el empadronamiento en una vivienda. Ante la necesidad urgente de acceder a la atención sanitaria, a la escolarización o a ayudas básicas, muchas personas no pueden permitirse negarse.
Estas prácticas no responden a una única realidad social. Se producen tanto en contextos donde algunas personas intentan mantener determinadas prestaciones vinculadas al domicilio como en situaciones donde se generan dinámicas de aprovechamiento dentro de redes informales entre personas del mismo origen. En todos los casos, el resultado es el mismo: el acceso a derechos queda condicionado por relaciones desiguales y por la vulnerabilidad administrativa.
Estas dificultades afectan de manera particular a las mujeres migrantes. La precariedad laboral, la economía sumergida vinculada al trabajo doméstico y de cuidados, la dependencia administrativa dentro de la unidad familiar o la ausencia de redes de apoyo condicionan su acceso efectivo a recursos sanitarios, educativos y sociales. En muchos casos, son ellas quienes sostienen la gestión cotidiana de estos trámites para toda la familia, incluso cuando su propia situación administrativa es inestable.
En este contexto, medidas como la anunciada regularización extraordinaria han generado expectativas importantes entre muchas personas con trayectorias de arraigo prolongadas en nuestro país. Sin embargo, los retrasos en su desarrollo y las previsiones de un elevado número de resoluciones desfavorables anticipan que muchas seguirán viendo aplazado el acceso efectivo a derechos básicos.
Hablar de derechos de las personas migrantes no puede limitarse al reconocimiento formal de derechos administrativos. Significa hablar de derechos humanos: del derecho a la salud, a la educación, a la protección social, a la participación y a una vida digna. Derechos que no deberían depender de la estabilidad de un padrón, de la complejidad de un procedimiento o de la capacidad económica para afrontar trámites que deberían ser accesibles.
Desde entidades sociales de la ciudad como la Fundación Elche Acoge se constata cada día cómo estas barreras administrativas no son neutras. Impactan directamente en la salud emocional, en la autonomía personal y en las oportunidades de participación social de muchas mujeres. Cuando ejercer derechos depende de trámites complejos, tiempos inciertos o requisitos difíciles de cumplir, la igualdad deja de ser una realidad para convertirse en una expectativa.
En este contexto, el padrón municipal es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a derechos básicos como la salud, la educación y los servicios sociales. Facilitar su acceso en condiciones seguras y ajustadas a la normativa vigente es una medida esencial para avanzar hacia una igualdad real. Porque hablar de derechos de las personas migrantes no es solo hablar de procedimientos administrativos, sino de derechos humanos y de cohesión social en nuestras ciudades.
